AGENDA
DIGITAL e- government: FISCALIDAD EN INTERNET

La
FISCALIDAD EN INTERNET se encuentra en la AGENDA DIGITAL 2.0. en el OBJETIVO 7.
Promover una Administración Pública de calidad orientada a la población
En estos últimos años, el
Gobierno Electrónico (en adelante GE), ha pasado de ser el concepto que inició
la revolución tecnológica en las administraciones públicas al convertirse en la
herramienta necesaria que está permitiendo la readecuación y cambio en las
instituciones, centrándose en el ciudadano, no sólo impulsando una
modernización institucional a través del uso intensivo de TIC en sus procesos
internos, sino utilizándolo en el mejoramiento de la entrega de los servicios y
trámites a los ciudadanos y empresas. Con ello, además, se contribuye a mejorar
la gobernabilidad –tan necesaria en un país como el Perú inmerso en un proceso
de descentralización en pleno proceso de desarrollo y afianzamiento-, en tanto
el gobierno electrónico facilita que las instituciones puedan cumplir con las
demandas de la población –con más y mejores servicios que tienen en claro que
son hechos para y por el ciudadano e instituciones privadas-, pero, además,
aportan a la transparencia de la gestión generando los canales y espacios que
faciliten la participación de los ciudadanos, y de esa manera, aportan
a una consolidación de la conciencia ciudadana y la democracia. Como dice
Rodrigo Arraya (2003) “Lo nuevo no es el uso de la tecnología en sí, sino la
posibilidad de abrir canales de comunicación para acercar el gobierno con el
ciudadano”. Si a todo lo antes dicho se le suma el entorno cambiante en cuanto
a tendencias en el uso de las TIC; que la sociedad es cada vez más partícipe de
ello, y que espera mucho más de sus instituciones, debe entenderse que los
desafíos que se deben asumir como Estado son cada vez mayores, y que en GE nos
enfrentamos a desafíos en los cuales ya no solo se puede trabajar en proyectos
GE institucionales, sino que, es necesario avizorarlos e implementarlos con una
perspectiva de integración y de optimización, que resuelva los problemas y
requerimientos de sus ciudadanos e instituciones privadas. Por ello, como parte
de la Agenda Digital Peruana 2.0 se han identificado algunos de los desafíos en
esta materia que deben ser abordados en los siguientes años y que se comentan a
continuación.
ESTRATEGIAS:
2. Proveer a la población información,
trámites y servicios públicos accesibles por todos los medios disponibles.

Actualmente uno de los
canales más usados sigue siendo los portales instituciones, los mismos que son,
informativos, interactivos o transaccionales, dependiendo del desarrollo
tecnológico que posee la entidad pública.
Sin embargo, el desarrollo
de las TIC en tecnología móvil de comunicación, así como, el alto nivel de
penetración de la telefonía móvil en nuestro país, abren un canal más inclusivo
- más allá de la posibilidad de acceder o no a un dispositivo móvil más
avanzado, un porcentaje mayoritario de peruanos tienen acceso y usan un
teléfono celular-, sobre el cual se puede ampliar la gama de servicios e
información que, como Estado, podemos brindar a los ciudadanos y entidades
privadas, canal que puede convertirse en corto plazo, en el principal medio de
comunicación entre el Estado y el ciudadano.
3.
Desarrollar e implementar mecanismos para asegurar el acceso oportuno a la
información y una participación ciudadana como medio para aportar a la
gobernabilidad y transparencia de la gestión del Estado.
Las entidades públicas no
deben esperar cambios generacionales para implementar herramientas que permitan
la participación ciudadana a través de opiniones en ciertos ámbitos de su
gestión. Desde ya, se deben ir diseñando sistemas de información que permitan esta
interacción a través de foros electrónicos, encuestas específicas, votaciones
electrónicas o mediante el correo electrónico. Pero ello no queda allí, las
entidades deben de estar preparadas a dar respuesta a las consultas o
requerimientos de la población, de lo contrario, la confianza que se está
generando con la ciudadanía se debilitaría y estaríamos alejando a la población
de su participación a través de sus opiniones y sugerencias que contribuirían a
la mejora de la gobernabilidad en todos los niveles de gobierno. Por otra
parte, las TIC colaboran con la ciudadanía al facilitarles nuevos medios de
acceso a información de carácter público que las entidades del Estado generan.
Bajo este principio, las autoridades se pueden apoyar en las TIC para realizar
sus acciones de manera pública, dando a conocer la información de carácter
público que las personas deseen obtener, garantizando su derecho a la
información y salvaguardando la protección de los datos personales de los
solicitantes. Todo ello aporta a un ambiente de confianza y seguridad entre el
gobierno y la ciudadanía, el que ejercido a través de las tecnologías, resulta
más efectivo y coadyuva a la transparencia. Todo ello permite contar con una
Ciudadanía Activa e implementar mayor Vigilancia Social, lo que aporta a
generar, mayor gobernanza en nuestra sociedad.
Una herramienta no puede
ser usada ni aprovechada si no se conoce cómo, para qué, ni como se usa. En ese
sentido, no se puede impulsar la implementación del GE en sus distintos ámbitos
si no se cuenta con una “masa crítica”, es decir, con un número de 61
profesionales, y personal con capacidad de toma de decisiones, que conocen y
cuentan con herramientas para impulsar al GE como una dinámica sostenible de
cambio institucional al servicio de la sociedad. En ese tema, las entidades
públicas están realizando esfuerzos para fortalecer las capacidades de sus
funcionarios de forma que puedan impulsar el GE en su ámbito, sin embargo, lo
que se hace necesario es definir una Política de formación y fortalecimiento de
capacidades a nivel de funcionarios públicos sobre el uso de TIC en general, y
en particular, –con distintos niveles de especialización- sobre temas de GE.
Existe también la necesidad de sensibilizar a las autoridades de muchas
entidades de forma que, visualicen a las TIC como las herramientas que van a
contribuir a que cumplan con los objetivos institucionales, que les permiten
reorganizar y optimizar sus procesos internos, y que les permita tomar
decisiones con mayor certidumbre, –en tanto pueden tener acceso a mejor
información-, que redunde por tanto en una mejor atención a sus ciudadanos y a
una mejor percepción de la labor de la institución
6.
Adecuar la normatividad necesaria para el despliegue del gobierno electrónico.
Finalmente se debe
reconocer que en el sector público se requiere de un marco normativo que
establezca hasta dónde y cómo las entidades pueden desarrollar un tema. En ese
sentido, es relevante asegurar que el país cuente con un marco legal y
normativo de las TIC para evitar vacíos o duplicidades, así como, asegurar una adecuada
gestión de temas como por ejemplo, la interoperabilidad de los servicios
públicos usando estándares abiertos, la protección de datos personales y del
secreto comercial, implementación del voto electrónico, la seguridad y
estabilidad de los sistemas informáticos, la propiedad del software y procesos
adquiridos por el estado, entre otros temas. Otro tema a considerar es el
vinculado a la gestión del software y de procesos gubernamentales y donde es
importante considerar el contar con un Repositorio Nacional de Software y
Procesos, que permitiría a las instituciones del Estado, centralizar el código
fuente del software y procesos de gestión de propiedad estatal. El software y
procesos contenidos en este repositorio servirán para su reutilización e implementación
en las entidades que lo requieran, facilitando de esta forma el despliegue del
gobierno electrónico de manera rápida y eficiente.
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